Es
la noche del 16 de febrero de 1989, hace ya 28 años. El entonces presidente
Carlos Andrés Pérez, vestido de traje y con el tricolor nacional al fondo,
anunció en cadena de radio y televisión un programa macroeconómico dirigido a
lograr "bienestar para todos los sectores de la sociedad". Pese a la
promesa, el "paquetazo" económico no hizo otra cosa que incrementar el costo de la vida y
desatar el descontento de las mayorías populares, ampliamente excluidas del
proyecto de gobierno.
El estallido social ocurrido en Venezuela
el 27 de febrero de 1989, conocido como "El Caracazo", fue una
respuesta popular ante la puesta en marcha de las medidas anunciadas, las
cuales, recomendadas por el Fondo
Monetario Internacional (FMI), produjeron
una elevación abrupta en los precios, de las tarifas de servicio público y de
la gasolina.
Este
organismo prestaría 4.500 millones de dólares en tres años, bajo la condición
de liberar las tasas de interés financiero en el sistema hasta 30%.
"Esto es un paso que teníamos que
dar para salvar a Venezuela de esta coyuntura tremenda que estamos
viviendo", justificó el expresidente, quien antes de llegar al poder, en
plena campaña, le anunció al país que venía "el gran viraje".
El
hecho de que Pérez retirara los subsidios a la mayoría de los bienes de primera
necesidad y permitiera el alza indiscriminada de alimentos, productos de
consumo básico, alquileres y tasas de interés, sin adoptar ninguna medida de
incremento de salarios o de beneficios sociales, desencadenó los levantamientos
populares.
Lo
que expertos calificaron como "paquetazo
económico" se tradujo, de forma inmediata, en una caída abrupta del
consumo, lo que desencadenó en cierre masivo de comercios por falta de
clientes.
CAP
justificó la liberación de precios con la excusa de "hacerlos más competitivos en el
mercado" y la de las tasas de interés para "promover el ahorro", y propuso que una "expansión acelerada" de la
inversión privada "suplantaría el
régimen actual de subsidios indiscriminados".
Sin
embargo, el efecto se vio en el incremento de la inflación a 81% en 1989 –de
acuerdo con cifras del Banco Central de Venezuela–, y en la merma de la
capacidad adquisitiva de la población.
Las
finanzas públicas se dedicaron fundamentalmente al pago de la deuda pública,
que demandaba el 45% del Presupuesto Nacional, que bajo un sistema neoliberal
implicó la drástica reducción del gasto social en educación, salud y seguridad
social.
Para costear esta
situación, el Estado inició una política de privatizaciones, que incluyó las
industrias del hierro y del aluminio, además de la telefónica y la eléctrica.
Legado de CAP
Aunque
han pasado 28 años del proyecto macroeconómico de CAP, algunos sectores de la
oposición, ahora desde el Parlamento, continúan abogando por los recetarios
financieros que sugiere el FMI.
En
abril del año pasado, la subcomisión especial de la Asamblea Nacional,
presidida por el diputado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) José
Guerra, presentó una propuesta de 10 puntos dirigidas a "orientar al país no sólo para hoy sino para el futuro".
Entre
los planes, se planteó la necesidad de ir a la unificación de los tipos de
cambio con una sola tasa "libre y
fluctuante"; lo que implicaría "contar con el apoyo de la política
monetaria y fiscal para moderar las oscilaciones del tipo de cambio".
En
otro de los puntos abogan por flexibilizar el control de precios, por lo que
piden la derogación de la Ley de Precios Justos, lo que elevaría el costo
de los bienes esenciales y capitalizaría la liberación de los precios.
Es
el noveno y penúltimo punto el que más se asemeja al legado macroeconómico de
CAP. En éste, la sub comisión pide "refinanciar
de forma voluntaria la deuda externa"; un escenario que se asemeja al
paquete macroeconómico anunciado hace 28 años por CAP.
Con
información de AVN
